lunes, 7 de abril de 2014

LOS AFORADOS

Hay en España más de diez mil ciudadanos que, por el cargo que desempeñan, tienen derecho a que su posible conducta delictiva  sólo pueda ser enjuiciada por tribunales de superior rango al que los ciudadanos no aforados tendrían que comparecer por acusaciones idénticas a las que respondan los aforados.
Ese privilegio es, indudablemente, un trato de favor excepcional en un Estado que proclama la igualdad de sus ciudadanos ante la ley.
Pero. sobre todo, es un anacronismo que pervive desde épocas en las que los Estados no permitían la libertad de opinión e información, reconocidas ahora por todos los Estados con gobiernos libremente electos.
El aforamiento permitía que los Estados no democráticos no pudieran pedir cuenta ante tribunales ordinarios a altos funcionarios desafectos, acusándolos de sedición, traición o conspiración para derrocar al Estado.
Pero en la actual España, en la que las conspiraciones se urden a la luz del día y se detallan en periódicos radios y televisiones, perseguir sediciones, traiciones y conspiraciones contra el Estado sería el cuento de nunca acabar.
Si no todos, casi todos los pleitos en que se ven envueltos ahora los que tienen derecho a que sean sus iguales (diputados), los que permitan que solo puedan comparecer ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de su Autonomía, son sospechosos de aprovecharse económicamente de sus cargos.
El aforamiento, que nació como garantía de libertad política, ha degenerado en garantía de apropiaciones indebidas de los Fondos Públicos.

El anacronismo del sistema de aforamientos es que, en un Estado que protege las libertades de información, opinión y reunión, no tiene ninguna justificación su pervivencia.

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